La tensión social generada por el bloqueo de rutas de los camioneros y la marcha campesina hacia la capital sirvió como oportuno telón para cubrir con el manto del olvido el salvataje político a la cuestionada fiscala general Sandra Quiñónez.
El martes, la Cámara de Diputados archivó el juicio político gracias al giro de último momento de algunos oficialistas que se sumaron a los cartistas y los siempre obedientes liberales llanistas. Coincidentemente, el cambio de postura fue de aquellos que tienen procesos abiertos por corrupción pública o lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
El proceso político a la fiscala general tuvo tropiezos por la dificultad para lograr los votos. No se tenía la mayoría necesaria para aprobar (53 votos), pero la interna
colorada abrió una grieta y alentó la posibilidad del proyecto. La derrota de Honor Colorado en la disputa por la presidencia de la Cámara dio optimismo. De lo imposible pasó a muy probable. Faltaban 3 o 4 votos. Había triunfalismo en la oposición y aunque siempre desconfiados del apoyo de algunos diputados oficialistas, los cálculos políticos eran positivos.
Pero el escándalo del contrabando con la venia de la Armada cambió violentamente las piezas del juego
de ajedrez. Carlos Velázquez, comandante y hermano del vicepresidente de la República, se vio seriamente comprometido y bajó los decibeles del precandidato presidencial oficialista. En la tabla de sumas y restas, lo mejor era dejar las cosas como estaban. “Acá algunos quisieron salvar su pellejo, y otros lo hicieron por corporativismo”, señaló un viejo dirigente republicano, agregando que si empiezan a denunciarse por corrupción habrá bajas en las dos carpas.
La contraofensiva colorada fue eficaz. Ni siquiera permitieron el debate en la sesión. Pedro Alliana hizo gala de su autoritarismo al apagar el micrófono a Kattya González. “Que se apague el micrófono a la diputada”, ordenó. El diputado Sebastián García (PPQ) seguía reclamando el debate y señaló que se debía hablar del narcotráfico y el lavado de dinero “que lleva a la impunidad a la fiscala general Sandra Quiñónez y al cambio de postura de algunos”.
La votación arrojó lo inevitable. Y aunque una mayoría votó a favor del juicio político (37) el proyecto fue derivado al archivo. Se necesitaban 50 votos sobre los 75, según el cálculo de los dos tercios sobre los presentes.
TUFO. La titular del Ministerio Público hace tiempo es blanco de críticas por su docilidad ante la clase política y especialmente del cartismo. La inacción en el caso Darío Messer es una de las más escandalosas pruebas de la sumisión institucional ante la orden de un poderoso padrino. La lista es larga y solo engrosa las sospechas sobre una institución que en teoría debe ser implacable con los que atentan contra el patrimonio público. A diferencia de otros casos, el Ministerio Público se toma su tiempo para imputar a dirigentes protegidos por Horacio Cartes, dándoles tiempo para poner en orden sus papeles.
Basta con mirar quiénes votaron por mantenerla en el cargo. Empezando por el neocartista Ulises Quintana. “En contra”, cantó su voto en abierta contradicción a su postura anterior: cuando fue acusado en un caso de narcotráfico, denunció a la fiscala general ante la Embajada de EEUU por grave violación de sus derechos. “Estoy secuestrado por Sandra Quiñónez”, señaló entonces. El martes votó por mantener en el cargo a su “secuestradora”. Síndrome de Estocolmo, diagnosticarán los sicólogos. Trueque por impunidad, precisarán los pragmáticos.
Otros imputados decidieron no correr riesgos. Éver Noguera, oficialista, imputado por esquema de merienda escolar en Guairá; Luis Urbieta, oficialista, por manejos poco claros como ex gobernador
de Concepción. Su hermano intendente también está imputado por malversación. Esteban Samaniego, cartista, investigado por supuestas lesión de confianza de unos 10.000 millones como ex intendente de Quyquyhó. También votó con “convicción” el cartista Erico Galeano, investigado tibiamente tras ser salpicado por el operativo antilavado A Ultranza.
La Fiscalía está bajo la lupa por su dilación en el proceso al gobernador cartista Hugo Javier. Se suma otra investigación del Fisco que pone a prueba a la Fiscalía. Se trata del gobernador cartista de Guairá, Juan Carlos Vera, cuya administración fue intervenida para verificar las facturas. Ambos casos están bajo la lupa por el uso irregular de USD 1 millón, cedidos por Hacienda para emergencia por Covid-19.
EN VIGILIA. La fiscala general puede cantar victoria. Se mantiene en el cargo, pero el alto precio lo paga la institución cada vez más degradada por la obediencia debida. Los pocos fiscales que
cumplen sus funciones, peleando contra las presiones y la falta de recursos, no tienen la fuerza para lavar la cara a una institución que renunció a su rol para convertirse en una sumisa sucursal de sus padrinos políticos.
Hay que vigilar los pasos del Ministerio Público en los casos que involucran a los políticos acusados por corrupción, narcotráfico o lavado de dinero, y especialmente a los diputados que le lanzaron el salvavidas.
Se archivó el juicio político. Se salvó Sandra, pero en el ambiente quedó el tufo a impunidad.
Publicado el domingo 27 de marzo de 2022 en el diario Ultima Hora de Asunción así como en www.rsa.com.py y en redes sociales
Estela Ruíz Díaz