Han instalado en nuestro país condiciones previas a las de una guerra civil. Publicaciones en medios impresos, radiales y televisivos así como declaraciones de ciertos líderes de opinión y de idem legisladores están empeñadas en denigrar a determinados representantes del sector público relacionados con la próxima revisión del Anexo C de la Itaipú Binacional (IB), condenándolos en un juicio sumarísimo, que sólo alimenta la división y fractura de la sociedad. Están acercando el fuego a la pólvora.

Se ha llegado ya al despropósito de “matar al cartero” sin cerciorarse de que tenga que ver con el contenido de la carta. Y lo atacan ferozmente a nivel personal sin ser conscientes de que el Director General Paraguayo (DGP) de la IB no es negociador de ningún documento oficial de la Itaipú sino facilitador de informaciones y datos sobre el estado de la misma, ayudando en la elaboración de dictámenes para técnicos de los 4 Grupos de Trabajo establecidos oficialmente. El obtenido borrador de propuesta vs el Anexo C ya fue entregado a los negociadores paraguayos. El actual DGP era en ese momento nada menos que Canciller Nacional, y por lo tanto negociador principal de la diplomacia paraguaya, junto con el Presidente de la República, por mandato de la Constitución Nacional. ¿Cómo es que en aquél entonces sus actuales agresores personales no habían emitido opiniones públicas sobre su invocada actitud supuestamente pro Brasil?

De parte de algunos de ellos se observa simple desconocimiento de los documentos y cuadros financieros oficiales de la IB (el Tratado, los Anexos y las Notas Reversales, los Balances y conexos) así como falta de observación de los hechos pasados y presentes. En ciertos casos ese desconocimiento es por mera candidez y despreocupación; en otros casos es manipulación adrede de los documentos oficiales y estados financieros binacionales, por intereses creados. En ciertas circunstancias eso puede volverse respectivamente ignorancia agresiva o aprovechamiento del caos generado para beneficio propio o de sus empresas e instituciones allegadas o de sus movimientos político-partidarios.

Analicemos realmente a quien benefician tanta desunión nacional y tal desmadre en la opinión pública local. ¿Quién puede sacar provecho de esa desorientación doméstica en torno a la revisión del Anexo C, próximamente a ser consensuado a nivel nacional a través de los organismos de representación establecidos en nuestra Carta Magna?

Creo que es hora de calmar los ánimos y analizar qué procedimiento aplicar para atender mejor la causa nacional. Todos tienen derecho a emitir su opinión y/o a entregar propuestas para la revisión del Anexo C. En la Comisión Revisora de ese Anexo, instalada por la Cancillería Nacional en agosto del año 2019 y legalizada por decreto de octubre de ese año, se han arrimado numerosas propuestas, que están a punto de ser dadas a conocer públicamente, así mismo como fueron entregadas, es decir sin modificaciones.

En manos del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Gabinete Civil de la Presidencia de la República se halla la propuesta realizada por los 4 Grupos de Trabajo de sendas áreas temáticas de la IB (la comercial, la financiera, la jurídica y la técnica, citadas aquí en mero orden alfabético). Esos grupos de numerosos miembros fueron conformados por representantes del Gobierno Nacional (via decreto de fines de diciembre de 2019) y de la IB (por determinación de comienzos de febrero de 2020). Los negociadores oficiales de nuestro país tomarán decisiones sobre la base de esa propuesta. Los delineamientos generales del trabajo escrito realizado por dichos Grupos de Trabajo serán compartidos con la opinión pública próximamente.

Es hora de ponerse todos manos a la obra, tanto por sectores (público, privado y organizaciones de la sociedad civil) como por gremios y asociaciones varias del mundo empresarial, sindical y campesino. Será necesario cuanto antes articular consenso vs la revisión del Anexo C. A tal efecto, lo mejor será deponer las actitudes mezquinas y bregar todos conjuntamente por el interés nacional.

Dr. Ricardo Rodriguez Silvero