Algunas personas físicas y jurídicas de los sectores público y privado de Paraguay y Brasil, involucradas directa- o indirectamente en potenciales revisiones del Anexo C y en eventuales renegociaciones del Tratado así como de otros documentos oficiales de la ITAIPU BINACIONAL (IB), solicitaron información básica sobre estos temas, como se la ha brindado en “Revisiones y Negociaciones en ciernes”, impresa en octubre de 2022 por la IB. Se hicieron avances sobre estos temas pero es aún mucho lo que falta hacer, incluso hoy en día. La reproducción, que aquí se hace, es la de los análisis de estos temas, publicados en medios de prensa escrita así como de comunicación audiovisual en el lapso de 2019 a 2024, con mayor frecuencia en el diario Ultima Hora de Asunción así como en medios digitales, especialmente en www.rsa.com.py,  en la pestaña “Publicaciones”, y, dentro de ellas bajo “Análisis de Actualidad” y “Revistas”.  Esto que sigue a continuación no es, propiamente hablando, un libro, en el sentido tradicional del término, sino columnas y artículos varios en diversos medios comunicación, entrevistas audiovisuales y digitales publicados en ese lapso. He aquí un resumen breve de lo antedicho.

INTRODUCCIÓN. Es oportuno poner énfasis en que los criterios rectores de las mismas, dados a conocer desde julio de 2019 hasta mayo de 2024, son los de la binacionalidad irrestricta en el manejo de los asuntos de la IB; los de la pirámide de Kelsen como orden de prelación de normas vigentes, de acuerdo con un sistema jurídico escalonado; y los de la irretroactividad de las mismas. No obstante, con relación a este último criterio hay que recordar lo establecido en la Constitución Nacional, Artículo 14 – De la Irretroactividad de la Ley: Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado.  Efectivamente, la IB es una persona jurídica de derecho público internacional que ha adoptado la forma de condominio indiviso e indivisible, sin fines de lucro, constituida bajo el régimen del costeo del pasivo. Sus documentos oficiales son el Tratado, compuesto por el Anexo A (el estatuto), el Anexo B (instalaciones destinadas a la producción de energía hidroeléctrica y obras auxiliares), el Anexo C (bases financieras y de prestación de servicios de electricidad) y las Notas Reversales.   En lo que hace a la jerarquía normativa de Kelsen se trata de determinar ex ante cuáles normas están por encima y cuáles por debajo en ese orden de prelaciones. Si la enfocamos a nivel local, obviamente la Constitución Nacional se encuentra en la cúspide, seguida de leyes, decretos, resoluciones y normas menores. Aparenta difícil la decisión respecto de la prevalencia cuando se trata de tratados internacionales. Además, hay que tener en cuenta también la máxima de que ninguna norma es retroactiva.

ARTÍCULO 137. CONSTITUCIÓN NACIONAL. “…SUPREMACÍA …:  La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. Esta Constitución no perderá su vigencia ni dejará de observarse por actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone. Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución”.

ARTICULO 141. DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. Los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determina el Artículo 137”.  La Constitución Nacional es ley suprema de la República (art. 137), en orden de prelación, seguida por los Tratados internacionales aprobados y ratificados. De esto resulta que lo que vaya a ser objeto de acuerdo en un Tratado –o su modificación- debe primero encontrarse acorde con el diseño institucional contenido en la Constitución Nacional. Esto puede leerse en el dictamen ad hoc del Grupo Jurídico formulado para los Negociadores de los documentos oficiales de la IB en los últimos años.

(continuará)

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero

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