Las vigentes, nuevas y numerosas normas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT (leyes, decretos y resoluciones) no pueden ser debidamente cumplidas en varios países signatarios porque las instituciones establecidas por mandato constitucional para luchar exitosamente contra el lavado de activos, el crimen organizado y el terrorismo internacional son afines a intereses creados, ergo a partidos políticos, a “empresaurios” y a otros grupos de presión. Esto ocurre también en Paraguay.

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