La apropiación ilegal de recursos públicos y privados es un delito inaceptable que debe ser castigado con toda la fuerza de la ley. La corrupción existe en todos los países del mundo. Lo que hace que ella se incremente y se afiance es la impunidad. La tolerancia de este omnipresente delito económico lo fomenta. Por lo tanto, el combate contra la corrupción es necesario pero no suficiente. Es tanto o aún más importante combatir la impunidad con tolerancia cero.

Por eso, no es suficiente que el Presidente del Poder Ejecutivo declare la intolerancia a la corrupción. Debe simultáneamente declarársela a la impunidad también.

VAN DE LA MANO. Ambas falencias graves, tanto la corrupción como la impunidad, tienen lugar no sólo en el Poder Ejecutivo. También en los demás Poderes del Estado y en otras dependencias del sector público, frecuentemente con participación dolosa del sector privado así como con la paciencia y la mirada tolerante de la sociedad civil. Estas últimas están empezando a agotarse.

El que la impunidad siga siendo predominante se debe a que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía de Delitos Económicos, así como las demás instancias establecidas por la Constitución Nacional para los controles correspondientes, no están cumpliendo cabalmente con uno de sus principales objetivos que consiste precisamente en la erradicación de corrupción e impunidad.

Esto no será posible mientras estas instancias constitucionales no sean independientes de los partidos políticos, de los grupos económicos de presión así como de los demás intereses creados.

DELITOS ECONÓMICOS y CRIMEN ORGANIZADO. Últimamente la expansión de los delitos económicos tradicionales y los de última gama así como del crimen organizado y de los giros ilegales al terrorismo internacional hace sumamente difícil el mencionado combate contra corrupción e impunidad. Véanse las definiciones de los mismos en columnas anteriores en este mismo diario.

De ahí que siga siendo un gran negocio ser mega-corrupto en Paraguay. La omnipresente impunidad lo vuelve altamente rentable. En este país, se roba hasta legalmente. Además, aún en el caso de que un corrupto de siete suelas sea pillado con manos en la masa, frecuentemente es castigado con pena carcelaria sólo por poco tiempo. A veces desde la misma cárcel sigue cometiéndolo. En varios casos, dicha pena es convertida en arresto domiciliario. Y lo peor, con alta frecuencia no se obtiene la devolución de lo robado. Es más, en nuestra historia es poco frecuente la recuperación de los bienes mal habidos. Por otro lado y no por eso de menor importancia, es habitual que los saqueadores de la cosa pública no paguen ni siquiera impuestos. En algunos casos increíblemente veraces, ciertas familias consuetudinariamente evasoras de los mismos se los siguen debiendo a la Secretaría de Estado de Tributación (SET).

PROVEEDORES DEL ESTADO. Dentro de todo ese contexto, no hay que olvidarse tampoco de los proveedores del Estado, que viven regularmente de los escuálidos recursos del Ministerio de Hacienda, pagados por los contribuyentes que  aportan a dicho Ministerio para sufragar los gastos del funcionamiento del sector público. Recordemos también que hay contribuyentes que pagan porque no tienen otra alternativa que hacerlo: están bien controlados por la SET. En numerosos casos, los proveedores del Estado no sólo se limitan a cobrar por la entrega debida de bienes y servicios. Es frecuente observar también que algunos de ellos forman parte de la rosca de los que estafan al Estado, en perjuicio de los contribuyentes.

ERGO. En épocas de inestabilidad política y convulsión social, más que nunca, el Poder Ejecutivo debe señalar con vehemencia que es absolutamente imprescindible la cooperación entre los Poderes del Estado en la lucha contra tales delitos y crímenes. Lo es también para avanzar hacia su independencia de partidos políticos, grupos económicos de presión y de otros intereses creados.

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero